3/9/09 – San Pedro, Paraguay ( Agencia de Noticias Aratiri – ANA ) Ayer, cerca de las 7 de la mañana, los guardias privados del latifundio Iriarte Cué asesinaron a Abrahan Sánchez Galloso con un disparo de escopeta en el pecho.
El responsable directo es el ganadero Elpidio De la Cruz Rojas que aún tiene el control de las tierras en disputa de unas 5.000 hectáreas, ubicadas en la colonia Urundey, distrito de la localidad de Unión, departamento de San Pedro. "Los compañeros fueron interceptados por un grupo de matones y fue ejecutado uno de ellos", expresó Gregorio Fernández, del Espacio Unitario Popular en Radio 1º de Marzo.
El día anterior el dirigente campesino de Unión, Adolfo Villagra, cuestionó a la fiscala Lilian Ruiz, con jurisdicción en la zona señalando que solo defiende los intereses de los ricos e ignora las denuncias presentadas por los campesinos. Alberto Alderete, presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra ( INDERT ) había sostenido que el Estatuto Agrario vigente desde el año 2002 solo beneficia a los latifundistas y a quienes poseen tierras malhabidas, y que los jueces y fiscales “protegen a los mercaderes de tierra”.
Mientras tanto, los campesinos esperaban acampados pacíficamente frente al latifundio “Iriarte Cue,” cumpliendo pacíficamente con el acuerdo contraído con el Indert que entiende en los temas del control del loteo de latifundios, motivo por el cual habían resuelto esperar hasta el jueves.
Frente a este nuevo asesinato político la Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista – Filial Buenos Aires – y otras organizaciones manifestaron esta mañana a A.N.A. su solidaridad con los familiares del joven Abraham Sánchez Galloso de 19 años y con la OLT cuyo objetivo en Iriarte Cue era recuperar tierra para los campesinos y frenar la indiscriminada deforestación de los bosques cometida por rollotraficantes, especialmente repudiaron la acción cómplice de las autoridades fiscales como Lilian Ruiz y policiales con los latifundistas y sus mercenarios armados contra los pacíficos campesinos. Exigieron enérgicamente a las autoridades de Paraguay el juicio y castigo a los culpables de más de 200 asesinatos de este tipo que se encuentran en la más absoluta impunidad bajo la inacción de la Comisión por los DDHH del Senado presidida por la senadora del partido “Patria Querida”, Ana Juanita Mendoza de Acha. Se exige a las autoridades responsables la inmediata remoción de los agentes de la impunidad del Ministerio Público, especialmente la fiscala Lilian Ruiz. Se pronunciaron asimismo por la libertad de los presos políticos del Partido Patria Libre y el Movimiento Agrario Popular injustamente acusados por los responsables fiscales y jueces formados en este esquema del Plan Colombia aplicado por EEUU en la región.
Los agronegociantes sojeros asociados a los representantes de los intereses económicos imperialistas, Monsanto y Cargill, fogonean incansablemente en la prensa del sistema la criminalización de la sociedad para frenar la lucha del campesinado. Otros “socios” como el el ingeniero Aguinagalde, gobernador de Alto Paraná, promueven un escalón más en la construcción de un esquema represivo contra el pueblo. En ese sentido el gobernador declaró “pedimos que los militares salgan a las calles para resguardar a la población, esto también va a ser un entrenamiento para los militares. El objetivo es que los mismos apoyen a los policías en la lucha contra la delincuencia” ( La Nación 30 / 8 / 09 ) A pesar de los recursos y el poder de los medios que detentan no pueden negar la realidad que describe con precisión el veterano luchador antidictatorial Alfonso Resk: “ la mayor cantidad de tierra pertenece a los terratenientes, mientras que los verdaderos hijos de esta tierra no tienen digamos la posibilidad de hacer uso de ella como fuente de trabajo. En el momento en que no tiene una parcela se atenta contra el derecho a la vida, porque esa parcela de tierra es su fuente de trabajo y el trabajo es un derecho mediante el cual puede servirse a sí mismo y a la comunidad. Parte del derecho a la tierra para defender el derecho a la vida” ( ABC COLOR 30 / 08 / 09 )
En este sentido las organizaciones populares denunciaron el caso de unas 8 familias que viven hace 30 años en la zona de Carandayty, Alto Paraguay, que fueron desalojadas en forma violenta por orden del juez Eduardo Villarta, de Concepción. “El oficial de justicia Luis Simón Flecha, acompañado de una brigada de policías y empleados de la firma Panambi SA, a punto de pistolas le sacaron a algunos ancianos y mujeres con sus niños, y luego procedieron a echar con topadoras sus precarias viviendas, dejándolos al abandono y desolación. “Es una injusticia lo que están haciendo con aproximadamente 40 personas, de sacarle de sus casas y dejarle en medio del monte, pero los pobladores aún resisten cerca de la Laguna Carpincho. Los latifundistas están aparentemente construyendo una pista clandestina con topadoras y también están destruyendo la laguna, para que finalmente los pobladores no tengan más agua y desistan de su lucha en el lugar. Es criminal lo que están haciendo con nuestros parientes y compatriotas paraguayos. Rogamos a nuestras autoridades nacionales que vengan a ver este atropello”, indicó Elisa Ortega. ( La Nación, 29 / 08 / 09. )
Todo el territorio de Paraguay, es escenario de la más descarnada lucha por la tierra, por un lado los “mercaderes de tierra” por el otro el pueblo campesino …
Redacción ANA
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