HIERBA DULCE

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sábado, 29 de mayo de 2010

Argentina y Paraguay acuerdan avanzar sobre terminación de Yacyretá


Representantes del Gobierno argentino encabezados por el Ministro de Planificación, Julio De Vido conversando con Fernando Lugo
ASUNCIÓN, especial (NP)

Los directores de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Elba Recalde de Paraguay y Oscar Thomas de la Argentina, se reunieron esta tarde con el presidente Fernando Lugo, con quien ratificaron su compromiso de finalizar las obras de terminación de la hidroeléctrica que comparten ambos países sobre el río Paraná.

Al término de la audiencia, la directora paraguaya de Yacyretá señaló a medios de prensa que la reunión sirvió para ratificar la voluntad de los dos gobiernos de concluir las obras, para lo cual de decidió conformar una comisión de trabajo, que en el término de 90 días tendrá que presentar una evaluación sobre temas puntuales que hacer a la represa.

Por su parte, el Ing. Oscar Thomas, dijo que “hemos departido cuestiones inherentes al emprendimiento Yacyretá y en relación al plan de conclusión, el estado de situación del avance y las partes ratificaron su compromiso de seguir apoyando el emprendimiento”.

Indicó además que la idea es “seguir apostando más a Yacyretá a través de la materialización del emprendimiento Aña Kuá en el curso de este año”.

“En líneas generales se trato el tema de la deuda de la EBY, poniendo énfasis la Argentina que hasta ahora nunca ha hecho exigible el pago de la deuda y que en aras de un buen comportamiento de la Argentina en relación a su socio Paraguay, quiere seguir participando como un socio y no como un financista”, subrayó Thomas

Participaron además del encuentro el canciller nacional, Héctor Lacognata, el ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Argentina, Julio De Vido, Daniel Campos, secretario de Energía de dicho país, el embajador argentino en Paraguay, Rafael Romá y otros altos funcionarios de la Argentina.
http://www.noticiasparaguayas.com/uninot.php?esc=2246

viernes, 7 de mayo de 2010

ANA: Paraguay, utilizan mentiras sobre Quebracho

Asunción, 3 / 5 / 2010 ( Agencia de Noticias Aratiri - A.N.A. ) El monopolio de la información promueve regionalizar la persecución política y caza de brujas, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional que aplican en Paraguay.
El fin de semana, desde Argentina, los diarios imputaron falsamente a Fernando Esteche, referente del M.P.R. Quebracho, declaraciones que niega haber hecho.

Se le imputa falsamente haber reconocido en declaraciones encuentros y vínculos con el Ejército Popular Paraguayo ( E.P.P. )

El M.P.R. Quebracho, sacó un comunicado en el que desmiente con claridad y contundencia estas falsas declaraciones que se les atribuyen y agregan que " nunca mantuvimos una entrevista con ningún compañero que se reivindicase como miembro del EPP. Llamamos a la responsabilidad periodística de no desatar cazas de brujas. "

A pesar de las desmentidas, en Paraguay, las usinas ideológicas de la represión están utilizando profusamente estas mentiras. El ex legislador del PLRA Miguel Abdón Saguier, dueño de un oscuro pasado que lo liga al terrorismo de estado, actual publicista de la Ley de Excepción, explicó los objetivos que esperan conseguir con esta operación de prensa: consisten en ligar al EPP y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–.

En A.N.A. alertamos que los represores paraguayos, pretenden utilizar estas falsas declaraciones atribuidas a Quebracho, para imponer a la opinión pública la idea falsa de "la extranjerización de este conflicto,” como lo dice el mismo Saguier.
Y segundo, permite al grupo de represores de quienes es vocero este tal Saguier, actualizar el viejo manual utilizado en los 70's por el terrorismo de estado. En A.N.A. decimos esto porque según este ex legislador, “ha ocurrido así en el pasado y es casi ineludible que ocurra en actuales circunstancias de la política de los países de la región”.

En ANA observamos que los niveles de manía persecutoria que muestra este fascista, sorprenden, y causan estupor cuando se ve las conclusiones que saca a partir de falsedades. Por supuesto, los delirios de Saguier son impuestos como verdades en los diarios de Paraguay. Saguier “imagina” que “hay intereses ajenos a las motivaciones propiamente locales e iniciales para este conflicto en una corriente internacional en la que droga, pensamiento político totalitario y lucha armada se unifican para desestabilizar las democracias. En síntesis, hay que replantear las nociones de defensa y de conflictos eventuales y no caer en infantilidad de que se trata de 10 ó 20 locos que están ocultos en el Norte, que quieren jugar al gato y al ratón. Es indispensable pensar en política de defensa global que esté en condiciones de responder a la violencia del narcotráfico y la guerrilla.”

Desde Argentina, Quebracho da por tierra con la operación de prensa de los empresarios de la informanción. Quebracho comunica que "reproducen la mentira mezclando el análisis político que hacemos sobre una situación dada y la solidaridad contra las persecuciones junto a supuestas alianzas y acuerdos, que claramente expresamos a quienes nos consultaron diciendo NO EXISTEN. "

A continuación difundimos el comunicado completo del M.P.R. Quebracho:

Ante los nuevos ataques de prensa contra nuestra organización
Ante los intentos de profundizar la criminalización de las organizaciones políticas populares y perseguir a nuestros dirigentes
Decimos:

1- El MPR QUEBRACHO es solidario con la lucha de los pueblos y con los caminos que cada uno de esos pueblos elige para poder defenderse de las agresiones permanentes que padecen.

2- La forma en que algunos medios de comunicación han “desinformado” sobre nuestra posición respecto del EPP de Paraguay no tiene otro objetivo que profundizar la criminalización de nuestra organización y nuestros dirigentes. No sólo es maliciosa, es falaz.

3- Nunca mantuvimos una entrevista con ningún compañero que se reivindicase como miembro del EPP.

4- Apoyamos y fuimos solidarios con los campesinos capturados en Argentina cuando solicitaban asilo político ante la situación de persecución que padecían.

5- Somos solidarios con los compañeros que han sido criminalizados y acusados con alevosas imputaciones, como el caso de los compañeros de Patria Libre Paraguay.

6- Lo que declaramos ante la pregunta de un periodista no fue lo que los medios están consignando, sino que “El EPP es el emergente de una situación de violencia y brutalidad que hay en Paraguay, de la cual es víctima el movimiento campesino, desplazado por los terratenientes paraguayos y brasileños.” Y cuando nos quisieron inducir a reivindicar al EPP como un camino válido les expresamos que “Más que válida, su lucha tiene que ver con la autodefensa de los compañeros ante la situación de represión que padecen”.

7- Todo lo otro es una elucubración que cualquier lector avezado puede advertir, algo construido con retazos, siguiendo una manifiesta arquitectura maniquea, como lo hicieron con la solidaridad que Juan Arrom expresó hacia nuestros compañeros perseguidos, siendo que Juan, hoy refugiado político en Brasil -con cobertura del ACNUR de la ONU y ante la incapacidad del estado paraguayo de garantizarle la propia seguridad-, no tiene nin guna vinculación con el EPP que existe hoy en Paraguay.

8- Llamamos a la responsabilidad periodística de no desatar cazas de brujas y ser mas consecuentes con sus propias palabras cuando braman contra afiches que los exponen como escribas de las grandes empresas, pero reproducen la mentira mezclando el análisis político que hacemos sobre una situación dada y la solidaridad contra las persecuciones junto a supuestas alianzas y acuerdos, que claramente expresamos a quienes nos consultaron diciendo NO EXISTEN.

9- Lamentamos que ante las consultas sobre las supuestas declaraciones que se publicaron, y ante nuestras aclaraciones, los mismos periodistas manifestaran su desinterés noticiable al no confirmar las mentiras y maniqueísmos que se divulgaron.
Agencia de Noticias Aratiri

jueves, 6 de mayo de 2010

COMUNICADO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS DEL PARAGUAY

SOBRE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DECLARADO EN EL PAÍS

Asunción, 4 de mayo de 2010

Las Organizaciones Campesinas e Indígenas que suscribimos este documento, ponemos a conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, en especial de los Organismos de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, los siguientes hechos que vulneran y amenazan los derechos de nuestras comunidades:

Por Ley 3.994, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 24 de abril de 2010, se declaró el Estado de Excepción en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes. El mismo se extiende por el plazo de treinta (30) días; y en virtud de esta norma se autoriza al Presidente de la República a disponer el empleo de las Fuerzas Públicas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, conforme la Ley 1337/99 “De Defensa Nacional y Seguridad Interna”.

POR QUÉ RECHAZAMOS LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN

· Las causas establecidas por el artículo 288 de la Constitución Nacional para declarar el estado de excepción no se encuentran dadas, no existe conflicto armado internacional, ni grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de la Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella.

· Existen personas que cometen actos criminales, ya sea vinculados a las históricas mafias que operan en el país, ligadas al tráfico de drogas ilegales, armas, falsificaciones; así como criminales que cometen hechos punibles graves, todas las cuales deben ser aprehendidas y procesadas conforme el régimen penal ordinario.

· Como bien ha señalado la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) al manifestarse sobre la inconstitucionalidad de esta declaración de estado de excepción, las leyes vigentes confieren amplios poderes a policías y fiscales para investigar, detener, enjuiciar y sancionar a los responsables de delitos y crímenes; estando los órganos de seguridad del Estado conformados por más de 50.000 personas para controlar la criminalidad común organizada.

· La Ley 3.994/2010 es inconstitucional porque no especifica en forma suficiente las razones y hechos que se invocan para su adopción; tampoco se especifican con claridad cuáles son los derechos restringidos por esta medida. A su vez, contraría el artículo 288 de la CN que establece que “en todos los casos las personas indiciadas durante el Estado de excepción tendrán la opción de salir del país”; lo cual refuerza aún más lo inapropiado de la adopción de esta medida en las presentes circunstancias.

· Existe un claro intento desestabilizador del proceso democrático, buscando lograr el juicio político que destituya al Presidente Lugo. Con esta declaración de estado de excepción, el Parlamento pretende obligar al Ejecutivo a presentar “resultados” en el plazo de un mes en la lucha contra un grupo armado autodenominado “Ejército del Pueblo Paraguayo”, compuesto según las autoridades competentes por aproximadamente una decena de personas. Si los resultados “no satisfacen las expectativas”, según los criterios de estos sectores golpistas, tendrían una excusa más para su objetivo de volver a controlar el Poder Ejecutivo como lo vinieron haciendo por seis décadas hasta abril de 2008.

· La derecha autoritaria, mayoritaria en el Parlamento, busca debilitar las luchas de las organizaciones y movimientos sociales, para impedir que los sectores democráticos y progresistas puedan consolidarse como sujetos políticos relevantes. En el marco de esta ofensiva de la reacción, se plantea volver a tratar en el Senado en fecha 6 de mayo el proyecto de ley antiterrorista que en dos ocasiones –en el 2002 y en el 2007- fue rechazado como resultado de la amplia movilización y presión popular, pues el proyecto por la forma de tipificar los delitos, podría contribuir a legalizar una mayor represión y criminalización de la lucha y la protesta social en el país.

· Desde el golpe de Estado de 1989, con la profundización de un modelo económico productor de pobreza, destrucción del ambiente y expulsión de las comunidades campesinas e indígenas de sus territorios, se ha desarrollado un patrón de represión contra las organizaciones que representamos a estas comunidades, como forma de intentar controlar el conflicto social que producen estas estructuras injustas de distribución de tierras, recursos materiales y culturales. Esta actuación represiva y contraria a los intereses sociales de las fuerzas públicas ya en tiempos de apertura política, se suma a una memoria colectiva presente en numerosas comunidades respecto de los crímenes cometidos por las fuerzas militares y policiales durante los 35 años de dictadura stronista.

· En este contexto, el actual Ministerio del Interior del Poder Ejecutivo, lejos de mostrar efectividad en la lucha contra las diversas formas de criminalidad existentes, ha mostrado signos de continuidad con las políticas ilegales de criminalización de las luchas sociales; iniciadas por gobiernos anteriores, e implementadas a través de la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y las Fuerzas Públicas.

· No podemos dejar de señalar el papel “terrorista” cumplido por la prensa empresarial, tergiversando informaciones, generando verdaderas campañas en contra de los movimientos sociales, en especial del movimiento campesino e indígena; y de criminalización de los sectores progresistas, populares y de izquierda. Contribuyen a crear así un estado de incertidumbre y temor en la sociedad.

· El estado de excepción declarado sólo aumenta el margen de arbitrariedades contra los derechos de las personas que vivimos en comunidades campesinas e indígenas; así como acentúa el hostigamiento a las organizaciones de trabajadores/as rurales. Los cinco departamentos en los que ha sido declarada la medida concentran buena parte de los movimientos y organizaciones que más resistencia han presentado frente al modelo económico neoliberal de saqueo y destrucción, y frente a sus representantes políticos en los tres poderes del Estado a lo largo de estas décadas.

· El mismo Ministro del Interior en reunión con las organizaciones de derechos humanos que componen CODEHUPY admitió que no pueden dar garantías frente a posibles abusos y violaciones de derechos humanos de las poblaciones afectadas por la medida.


PATRÓN SISTEMÁTICO DE ABUSO DE LA FUERZA, ARBITRARIEDAD JUDICIAL Y CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS POPULARES

La represión de las luchas sociales por parte de los organismos de seguridad del Estado ha llegado a niveles de criminalidad sumamente graves en Paraguay. Así lo demuestra el Informe Chokokue*, publicado por la CODEHUPY, en el que se denuncian 75 ejecuciones arbitrarias y 2 desapariciones forzosas de dirigentes y miembros de organizaciones de trabajadores rurales, en el período comprendido entre el 3 de febrero de 1989 y el 26 de junio de 2005; las cuales “respondieron a un plan encaminado a detener espirales de protesta, atemorizar a comunidades y organizaciones campesinas y desalentar las ocupaciones”.

Sólo a modo de ejemplo de los hechos más recientes, denunciamos el caso de la condena del compañero RAMON GIMÉNEZ, dirigente de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), actualmente en prisión ilegítimamente por ejercer el derecho a la protesta; el caso del asentamiento Curupayty del distrito de Chore, Departamento de San Pedro, en el cual el 20 de junio de 2009 policías reprimieron brutalmente a las familias, golpearon mujeres, niñas/os, destruyeron casas, robaron animales, dinero, bienes del almacén, como represalia por la muerte de un policía de la zona.

También en 2009, una manifestación de la Federación Nacional Campesina (FNC) en el departamento de Caaguazu fue brutalmente reprimida por la policía, manifestantes fueron heridos y más de 60 fueron apresados.

El 4 de octubre de 2008 fue asesinado BIENVENIDO MELGAREJO de ASAGRAPA, El 2 de septiembre de 2009 fue asesinado el joven ABRAHAN SANCHEZ de la Asociación Larrosa en San Pedro. También en San Pedro fue asesinado ENRIQUE BRÍTEZ.

La brutalidad policial es práctica usual en los desalojos a comunidades campesinas hasta la actualidad; así como la represión violenta a las manifestaciones y protestas, sobre todo, del movimiento campesino.

CÓMO AFECTA EL ACTUAL ESTADO DE EXCEPCIÓN LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS

Con un gran esfuerzo de las organizaciones sociales y populares, se está procurando contrarrestar el temor en las comunidades y seguir realizando reuniones y plenarias en las mismas, como el caso del Foro Social Regional de las Américas realizado en fecha 30 de abril del corriente en la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, que convocó a más de 250 personas de 15 organizaciones.

Sin embargo, cada día llegan camiones de militares y policías a las distintas zonas, acentuando el sentimiento de zozobra, inseguridad y temor de las comunidades. Los controles de documentos personales y de vehículos se realizan una y otra vez en los territorios y subiendo reiteradas veces a cada transporte público. Hay denuncias de maltrato de los policías y militares a las personas en el trámite de revisión de documentos, lo que se acentúa mucho más cuando alguna persona se ha olvidado del mismo, cuenta con una fotocopia o una constancia de estarse tramitando.

Las personas se sienten expuestas e indefensas ante los maltratos de los policías y militares.

A partir de las 18 horas aproximadamente, las personas manifiestan temor de salir a las calles, existiendo en numerosas zonas una especie de toque de queda de hecho.

El despliegue aparatoso y desmesurado de helicópteros en determinados lugares, produce terror sobre todo en los niños y niñas.

A metros de la comunidad indígena SAWHOYAMAXA, km. 370 Ruta 10, Pozo Colorado, se instaló un contingente militar. El Estado paraguayo se encuentra incumpliendo la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la devolución de sus territorios a esta comunidad.

Aunque las reuniones no se encuentran prohibidas se han denunciado casos de presencia militar en las mismas, controlando su desarrollo.

POR TODO LO EXPUESTO, LLAMAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL A DAR UN SEGUIMIENTO CERCANO A TODO LO QUE OCURRE ACTUALMENTE EN PARAGUAY, EN ESPECIAL, EN LOS CINCO DEPARTAMENTOS AFECTADOS POR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN, SUS POBLACIONES, COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES.

ALICIA AMARILLA LEIVA

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas - CONAMURI

BERNARDA PESOA

ALPI NAIJATEETA, Pueblo Qom Autóctono del Paraguay - ANQPAP

TOMÁS ZAYAS

Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares – CNOCIP

DIONICIO GÓMEZ BENÍTEZ

Movimiento Indígena, Canindeyu

JORGE GALEANO

Movimiento Agrario y Popular - MAP

MARÍA ESTHER LEIVA

Organización de Lucha por la Tierra - OLT

ELVIO TRINIDAD QUIROGA

Movimiento Campesino Paraguayo - MCP

ERNESTO BENÍTEZ

Coordinadora de Productores Agrícolas de San Pedro Norte – CPA-SPN


* Campesino en idioma guaraní.

lunes, 3 de mayo de 2010

Lula y Lugo se reúnen en zona de narcotraficantes

AP | PEDRO JUAN CABALLERO, Paraguay
Lunes 03 de mayo del 2010

El presidente de Brasil, Luiz Ignácio Lula da Silva (d), y su homólogo de Paraguay, Fernando Lugo (i), tuvieron un encuentro.

A menos de un kilómetro de la morgue pública, en donde son depositados los cadáveres de desconocidos ajusticiados por el hampa y cerca del lugar donde un senador oficialista fue baleado, los presidentes Luiz Ignácio Lula Da Silva y Fernando Lugo estrecharán sus manos el lunes, como símbolo de las buenas relaciones bilaterales entre Brasil y Paraguay

Ambos mandatarios se encontrarán en medio de la ancha calle que sirve de línea fronteriza entre esta ciudad del Paraguay y Ponta Porá, de Brasil.

Hace una semana, el legislador Roberto Acevedo se salvó milagrosamente pero con dos impactos de bala en su brazo derecho, cuando desconocidos ametrallaron su camioneta dejando en ella 70 agujeros, y a su chofer y guardaespaldas muertos.

En el hospital, Acevedo dijo que su Pedro Juan Caballero es similar a la mexicana Ciudad Juárez, caracterizada por la violencia.

La capital del Amambay, a 600 kilómetros al norte de Asunción, está dominada por la violencia entre traficantes de marihuana, principalmente, y de cocaína dijo Acevedo. Lo lamentable es que los policías esperan que nosotros les entreguemos datos para su investigación cuando ellos deberían conseguir las pistas del atentado.

El oficial de Policía Ever Vázquez, de la jefatura regional, indicó a la AP que el promedio mensual de cadáveres abandonados sin identificación que encontramos en la ciudad y sus alrededores es de ocho; probablemente son víctimas de ajustes de cuentas entre marginales y narcotraficantes.

El comerciante Carlos Quintana relató a la AP que el atentado contra el legislador ocurrió frente a mis ojos, en el terminar de autobuses. Cuando miramos hacia el lugar donde escuchamos disparos... sólo vimos la camioneta roja del senador llena de agujeros, dos muertos y a un tercero que corría entre la gente, que finalmente fue Acevedo que había sobrevivido, narró.

Para frenar la ola de asesinatos por la guerra entre carteles del narcotráfico en la frontera norte con Brasil, el diputado oficialista Elvis Balbuena, del Partido Liberal Radical Auténtico, dijo que tiene listo un proyecto de ley para legalizar el cultivo y consumo de marihuana.

Balbuena cree que con la legalización de la marihuana evitaremos la colombianización de Paraguay, tomando como ejemplo a Colombia que sufre por la violencia de grupos guerrilleros que comenzaron como simples bandas de delincuentes.

El inspector de policía Clemir Vieira Jr., de Ponta Porá, comentó que el PCC (Primer Comando Capital), la principal organización del crimen organizado en Brasil, está instalado en Pedro Juan Caballero, dedicándose al tráfico de estupefacientes.

Paraguay produce el 15% (5.900 toneladas al año) de toda la marihuana que circula en el mundo, siendo el mayor productor de la hierba de Sudamérica, y es el segundo del mundo, según el World Drug Report 2008 (Informe Mundial sobre las Drogas) divulgado en la Internet por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En la denominada Triple Frontera formada por Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Yguazú (Brasil) y Puerto Yguazú (Argentina) está en funcionamiento un Comando Tripartito de Seguridad llamado 3+1 porque se acopló un representante de los Estados Unidos.

El organismo desarrolla la estrategia en la zona de lucha contra el tráfico de drogas y armas y, principalmente, el lavado de dinero y verificación de posibles células del terrorismo fundamentalista árabe, debido a la existencia en el lugar de unos 30.000 inmigrantes de Siria y Líbano, principalmente, dedicándose al comercio.

http://www.eluniverso.com/2010/05/03/1/1361/lula-lugo-reunen-zona-narcotraficantes.html?p=1354&m=1775

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!