(AW) En un encuentro realizado ayer, entre una delegación de la Coordinadora Nacional por la recuperación de las Tierras Malhabidas y Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú y Familiares de los campesinos/as víctimas de la masacre ocurrida el pasado viernes en la estancia Morombi, se denunció la presencia de un grupo infiltrado, con el objetivo de generar una crisis política que efectivamente culminó en el nombramiento como Ministro del Interior del exfiscal Rubén Candia Amarilla con oscuros antecedentes de persecución a la lucha social.
17 de junio de 2012.-
Gacetilla de prensa desde Curuguaty.
En el transcurso de la tarde del domingo 17 de junio del corriente se realizó un encuentro entre una delegación de la Coordinadora Nacional por la recuperación de las Tierras Malhabidas y Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú con los Familiares de los campesinos/as víctimas de la masacre ocurrida el pasado viernes en la estancia Morombi.
Durante el encuentro se reconfirmó que la masacre no fue ocasionada por los campesinos que reclamaban las tierras malhabidas, sino por un tercer grupo infiltrado, con el objetivo de generar una crisis política que efectivamente culminó en el nombramiento como Ministro del Interior del exfiscal Rubén Candia Amarilla con oscuros antecedentes de persecución a la lucha social. Quien anunció como primera medida la eliminación del Protocolo para la actuación de la Policía y la Fiscalía que permitía al menos un dialogo previo ante los desalojos,
implementado de esta manera la ejecución directa, como ocurrió según testimonios de los familiares y las evidencias de tortura y ejecución halladas en los fallecidos.
Posteriormente, los familiares y la comitiva de organizaciones locales y nacionales, se reunieron además con el Jefe de Gabinete Miguel López Perito y la Ministra de Salud Esperanza Martínez; exigiendo la inmediata constitución de una Comisión interinstitucional conformada por el Gobierno, Familiares, Organizaciones Sociales de la zona y Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, encargada de llevar a cabo un Plan de Acción Comunitario que contemple:
1. Las garantías para culminar la búsqueda de heridos y fallecidos en la zona de la masacre.
2. El esclarecimiento de los hechos ocurridos y la aplicación de la justicia a los verdaderos responsables materiales e intelectuales de la masacre.
3. Resarcimiento material y moral a las víctimas y sus familiares.
4. Libertad a aquellas personas que no estuvieron en los enfrentamientos y/o fueron detenidos e imputados sin justificación, cuyo número asciende a 46.
5. Garantizar el debido proceso a los detenidos con prisión preventiva acusados de diversos delitos sin pruebas contundentes, inclusivo algunos siendo menores de edad, como el caso de Raquel Villalba Ortiz (16) que cargando con niña de 3 meses, la han derivado a la policía de Cnel. Oviedo, luego al Policlínico de esta ciudad, y pretenden encarcelarla en Asunción.
6. El cese del amedrentamiento de la fiscalía y la policía a los familiares, vecinos y dirigentes campesinos.
7. La recuperación de las tierras malhabidas en manos de Blas N. Riquelme conocido por su connivencia con la dictadura Stronista, para la creación de un asentamiento modelo que lleve a una solución definitiva del conflicto por la tierra que es la causa real del conflicto.
Contactos:
Jorge Galeano 0976 992 105
Luis Aguayo 0982 966 919
Alicia Amarilla 0982 537 627
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