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martes, 5 de octubre de 2010

Corte IDH condenó nuevamente al Paraguay por violar derechos indígenas

Paraguay, Alemania, 04.10.10 - El Estado paraguayo fue condenado por tercera vez, en menos de cinco años, por la violación de los derechos humanos de los indígenas que viven en comunidades del Chaco.Esta nueva sentencia, que corresponde al caso de la Comunidad Enxet-Sanapaná de Xákmok Kásek contra el Paraguay, fue dada a conocer el 24 de setiembre pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El máximo tribunal de los Derechos Humanos de las Américas determinó que el Estado paraguayo violó los derechos a la propiedad colectiva; a la vida; a la integridad personal; los derechos del niño; a la protección judicial; a las garantías judiciales; a la personalidad jurídica; y que incumplió con su deber de no discriminación de los miembros de la citada comunidad Enxet-Sanapaná.
En su condición de condenado por violación de los derechos indígenas, el Paraguay deberá devolver, antes de finales del año 2013, las 10.700 hectáreas reivindicadas por la comunidad Xákmok Kásek, según se menciona en los puntos resolutivos de la sentencia. Estas tierras, parte del territorio tradicional de los Enxet-Sanapaná, están actualmente tituladas a nombre del ganadero Roberto Eaton -quien posee unas 7.000 mil has de las tierras- y de la cooperativa Chortizert -poseedora de otras 3.000 has-.
El tribunal de los Derechos Humanos estableció, asimismo, que en caso que el Estado no devuelva sus tierras a Xákmok Kásek, en el plazo establecido, deberá abonar a los indígenas 10 mil dólares por cada mes de atraso en el cumplimiento de este punto de la sentencia.
Protección inmediata de las tierrasOtras medidas dictadas por la Corte IDH en este caso, indican que el Estado paraguayo deberá  proteger inmediatamente las tierras de Xáknok Kásek, de manera a evitar actos de deforestación para no destruir los lugares importantes de la comunidad. Igualmente, deberá reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos de violación de los derechos indígenas probados durante el proceso de investigación de este caso.
Con respecto a la situación en que se encuentra actualmente la comunidad, la sentencia señala que de manera inmediata, las instituciones del Estado deberán entregar agua para consumo y aseo personal. Deberá realizar una revisión médica y psicosocial  a todos los miembros en especial a todos los niños, niñas y ancianos. En materia de salud, se debe llevar a cabo tareas de vacunación y desparasitación, atención a embarazadas y durante los primeros meses de nacido del niño.
En este punto la sentencia señala que deberá entregarse a los indígenas alimentos en cantidad y calidad suficiente. Además, deberán ser instalados letrinas en toda la comunidad y mejorar la infraestructura de la escuela.
Para estas tareas el Ministerio de Salud deberá establecer en menos de seis meses, un puesto de salud permanente y un sistema de comunicación en la aldea 25 de febrero, donde actualmente viven los indígenas. Finalmente, el Estado tendrá que implementar, durante el año próximo, un programa de registro para todos los indígenas de la comunidad.
Millones de dólares en indemnizacionesEl documento condenatorio menciona que el Paraguay deberá presupuestar 700.000 dólares americanos para financiar proyectos de desarrollo dentro de la comunidad. En los próximos seis meses debe ser conformado el comité de implementación de este plan, el mismo estará compuesto por un representante del Estado, uno de la comunidad y uno de consenso.
Con respecto al resarcimiento de daños causados por los años de abuso a la que fue sometida esta comunidad, la Corte IDH dispuso una indemnización de 270.000 dólares, que serán distribuidas a las familias que forman parte de Xákmok Kásek. Mientras. En otro punto de la sentencia se menciona, que el Estado deberá igualmente entregar 25.000 dólares por costas y gastos, monto que será entregado a los líderes y la comunidad resolverá  el destino de este dinero.
Otros casos con condenaEl Paraguay soporta actualmente tres sentencias de la Corte IDH; las dos anteriores corresponden a las denuncias presentadas por las comunidades Yakye Axa, dictada en el 2005, y Sawhoyamaxa, del año 2006. En ambos casos el tribunal internacional estableció que el Estado deberá devolver sus tierras a estas comunidades. Sin embargo, hasta la fecha el Paraguay sigue sin cumplir con su responsabilidad y por ende sigue violando los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Más información con TierraViva http://www.tierraviva.org.py/www/

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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