Asunción, 15 mar (PL) La tensión volvió hoy a la zona paraguaya del Alto Paraná ante la imposibilidad del Estado de trasladar a terrenos estatales a campesinos sin tierras allí acampados, como se les había ofrecido previamente.
El interventor designado por el gobierno para el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), Emilio Camacho, denunció que mil hectáreas destinadas a ese fin y propiedad del Banco Nacional de Fomento (BNF) aparecieron legalmente en manos de privados gracias una operación irregular.
Ese lugar era el indicado por el gobierno para el traslado de los sin tierras que están en peligro de desalojo actualmente de algunas parcelas de latifundistas, muchos de ellos descendientes de antiguos colonos brasileños.
Camacho señaló que los terrenos del Banco se encuentran en la misma forma que las de Ñacunday donde se encuentran los denominados carperos, campesinos alojados en carpas demandando su entrega por haber sido asignadas a privados mediante irregularidades en pasados gobiernos.
Las mil hectáreas que habían sido prometidas se detectaron sorpresivamente rematadas en años anteriores por el BNF y los terratenientes ocupantes poseen títulos de propiedad otorgados a todas luces en forma anormal.
El interventor lamentó que un juez y una fiscal hayan dictaminado el desalojo de los sin tierra del lugar ocupado por ellos y calificó de robo al Estado lo ocurrido con las mil hectáreas del Banco.
Camacho dijo que el gobierno está analizando la situación planteada para tratar de conseguir una alternativa al problema y arremetió contra intereses económicos y sus abogados, acusándolos de verdaderos causantes de la actual crisis.
Esa es la barbaridad que enfrentamos con un Instituto débil, acosado, sitiado por 30 o 40 abogados de primer nivel que responden a un poderoso señor, quien impide al Estado paraguayo entrar siquiera en sus tierras, sentenció.
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