Las escuelas están en Alto Paraná, Itapúa y parte de San Pedro. Esta realidad comprueba que las leyes que exigen barreras de protección contra agrotóxicos en las comunidades y lugares públicos son violadas por los sojeros.
“Aquello que marcha y fumiga entre los sembradíos” puede convertirse en una película de terror para muchos niños, niñas y familias campesinas del interior del país.
Este año la soja alcanzará un record de producción sobre las más de 2.600.000 hectáreas de tierra en que se extienden en todo el Paraguay. Sin embargo, el precio del “desarrollo” del modelo que se expande con la agricultura extensiva tiene un costo alto para las familias campesinas y el medio ambiente. Migración, enfermedades e intoxicaciones, deforestación y contaminación. Uno de los casos más alarmantes lo sufren las escuelas rurales que son acorraladas por las plantaciones exponiendo a los niños a las fumigaciones. Numerosos casos e investigaciones científicas han corroborado los efectos nocivos en la salud humana y animal por parte de los pesticidas usados en la soja.
264 escuelas acorraladas en solo 3 departamentos
Hasta el momento se han contabilizado unas 264 escuelas rodeadas por el cultivo, según los datos preliminares relevados por la Dirección de Educación Escolar Básica del Ministerio de Educación y Culto (MEC), quienes buscan identificar la cantidad de escuelas en el país que sufren esa situación. Estos datos se desprenden de apenas 3 departamentos.
En Alto Paraná se registran los principales casos con 164 escuelas. En Itapúa existen 93, mientras en parte de San Pedro, donde aún falta el relevamiento de ciertas zonas, hay 7. Aun faltan los datos de otros departamentos como Canindeyú, uno de los principales sojeros, Caaguazú, Concepción, Amambay, entre otros.
“Un modelo que arrasa las comunidades”
La responsable de la dirección de Escolar Básica, Marta López, afirma que la situación es alarmante, y que muchas instituciones han cerrado a consecuencia de la migración de los pobladores que huyen de la soja, y de sus químicos, ya que estos matan todo lo que no sea soja transgénica. No pueden producir nada en sus chacras. “Este modelo de producción está arrasando las comunidades”, dice.
La investigación se desarrolla dentro del marco de trabajos conjuntos con otras instituciones, bajo la instancia de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (Cepra), y están haciendo los relevamientos de datos con el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), la entidad reguladora.
Impotencia
Existen casos que van al extremo según la directora, como en el caso de una escuela de Itakyry, Alto Paraná, donde las plantaciones de los cultivos colindantes llegan al mismo predio de la institución, a 15 metros de la escuela, sin ninguna barrera natural de protección como exige la ley. En otros casos, los caminos que acercan a los niños a su escuela están desbordados de sojales, y la nube de agrotóxicos expelida por los tractores cae sobre estos cuando pasan por allí. Sobre el papel del Senave para hacer cumplir las leyes en estos casos, López afirma que justamente está siendo muy criticada por querer hacer cumplirlas. Las familias están impotentes, afirma, “todos sabemos lo que fue en Itakyry con la fumigación en avioneta a las comunidades indígenas, sabemos cuál es la reacción de la fiscalía que termina desinformando a la población y minimizando los hechos, las familias se vuelven impotentes y migran”.
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