Las celebraciones del Bicentenario de la independencia del Paraguay el 14 de mayo mancomunó a la población que colmó el centro histórico de Asunción, la capital, para participar en las distintas actividades y actos de recordación por los 200 años de la emancipación paraguaya del reinado español.
En medio de ese resplandor festivo, las comunidades indígenas también hicieron escuchar sus voces para denunciar una vez más las incongruencias de estos festejos, atendiendo la cruda realidad de los 20 pueblos originarios pertenecientes a las cinco diferentes familias lingüísticas que sobreviven en la extrema pobreza por falta de tierra propia, y en la privación del uso de los recursos naturales para su subsistencia, siéndoles imposible alcanzar propuestas de desarrollo y llevándolos a la pérdida gradual de su cultura.
Organizaciones indígenas de las regiones oriental y occidental del país, aglutinadas en la Mesa Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Paraguay (MCOI-PY), arribaron a Asunción en esta fecha para exigir la recuperación de sus territorios ancestrales, el cumplimiento de los compromisos internacionales y un plan para vivir mejor en el territorio que los cobijó durante siglos.
Para Gabriel Fernández, dirigente del pueblo enxet del Bajo Chaco, la conmemoración del Bicentenario del Paraguay es una ocasión propicia para unir esfuerzos entre todas las comunidades para hacer cumplir normativas nacionales como la Ley 904/81, conocida como Estatuto de las Comunidades Indígenas, que incluye la preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, y el mejoramiento de sus condiciones económicas.
“Estamos demandando una vez más al Estado paraguayo acerca de nuestros derechos, que tienen que ver con un mejor vivir para nuestro pueblo y la garantía de que nuestros justos reclamos dejen de ser criminalizados. Reclamamos las restituciones de nuestros territorios, los propios organismos internacionales ya se pronunciaron a favor, mientras el Estado sigue dilatando su cumplimiento. Por lo tanto, podemos decir que como pueblo indígena tenemos muy poco para festejar y, en todo caso, decimos que este acontecimiento es para hacer conocer nuestros reclamos”, dijo Fernández a Noticias Aliadas.
Las organizaciones de las comunidades indigenas tambien condenaron “el despojo territorial, cultural y socioambiental de los territorios Ava Guaraní y Mbya Guaraní, particularmente, para la construcción de la represas hidroélectricas binacionales (Itaipú y Yacyreta), compartidas con Brasil.
Territorio y seguridad alimentaria
Mario Rivarola, secretario general de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI) y dirigente de la MCOI-PY, sostuvo que la celebración del Bicentenario no es motivo de festejo para las organizaciones indígenas del Paraguay, pero que es una fecha oportuna para mostrarse como pueblo y presentar sus propuestas a los representantes de los poderes del Estado, con el objeto de que, a partir de estas conmemoraciones, sean tenidas en cuenta dentro de las políticas de los sucesivos gobiernos.
“No tenemos motivos suficientes para considerar como fecha festiva el bicentenario, más bien estamos aprovechando este acontecimiento para manifestarnos, haciendo énfasis en dos puntos reivindicativos: el primero está relacionado con el territorio, mientras que el segundo punto hace alusión a la aplicación de la seguridad alimentaria. Lo paradójico para nosotros es que en 1811 nos libramos del yugo español para que se nos incrustaran nuevos yugos, los criollos, al concretarse la independencia. En especial, a partir del desenlace de la Guerra Grande [o de la Triple Alianza, conformadas por Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay, entre 1865 y 1870] se dieron las entregas masivas de nuestros territorios a extranjeros y a los potentados nativos, lo que trajo como consecuencia la repartija de las mejores tierras del país, y se heredó la falta de educación y salud, y una nula política de producción encarada desde el Estado para la población indíge! na, dejándonos huérfanos de cualquier proyecto del Estado”, reflexionó el dirigente indígena durante una conversación en guaraní con Noticias Aliadas.
“Hay tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado paraguayo por la restitución de las tierras ancestrales de los compañeros enxet y sanapaná del Chaco. También tenemos casos en los que las comunidades indígenas son invadidas por campesinos paraguayos, por lo que nuestros reclamos están relacionados con la legalización de las tierras de nuestras comunidades, para que estas dejen de ser violentadas sistemáticamente por campesinos y empresarios sojeros”, denunció Rivarola.
Programa Nacional del Buen Vivir
La Encuesta de Hogares Indígenas del 2008 de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGECC) estima que la población indígena en el Paraguay alcanza las 108,803 personas viviendo mayoritariamente en áreas rurales. A ellas se suman una veintena de asentamientos indígenas en centros urbanos tales como Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Villarica, Caaguazú, entre otras, debido a la masiva expulsión de la población originaria y campesina por la falta de aseguramiento de sus tierras.
Según la Encuesta, el 45% de las comunidades indígenas no dispone del aseguramiento de la tierra, tal como lo establece la Constitución en su artículo 64, sobre la propiedad comunitaria: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida”.
El 14 de mayo, más de 2,000 personas de comunidades indígenas de todo el país participaron en una marcha en Asunción y entegaron al presidente Fernando Lugo el proyecto Programa Nacional del Buen Vivir para sacar a los nativos de la extrema pobreza.
“Hemos presentado a la autoridades nacionales nuestra propuesta denominada Buen Vivir para que ésta forme parte de la política de seguridad alimentaria para las 603 comunidades indígenas”, señaló Rivarola. La propuesta de Buen Vivir es un plan de desarrollo integral para las comunidades indígenas del Paraguay que incluye la seguridad alimentaria.
“Este y otros temas hemos abordado con el Presidente de la República. Consideramos que el proyecto debe desarrollarse en tres etapas: por un lado, creemos que la asistencia integral debe ser inmediata; en el mediano plazo, verificaremos en qué se ha avanzado; y en el largo plazo (8 a 10 años), se plantea ver la viabilidad de la producción para las rentas”.
“El eje de la reivindicación indígena en Paraguay sigue siendo el reconocimiento sobre su derecho a la propiedad colectiva de la tierra, que hoy día está principalmente en manos privadas. Nuestro país ha avanzado mucho en términos de legislación tanto a nivel constitucional como también internacional, derivada del Convenio 169, que reconoce una gama bastante amplia de derechos, entre ellos el derecho a la propiedad de la tierra, pero subsiste aún hoy un déficit sensible en ese aspecto que tiene que ver con leyes de aplicación de esos derechos, pues no alcanza con que la Constitución y el Convenio 169 estipule que los indígenas tienen derechos a la tierra; es necesario también que existan leyes que digan cómo se va a implementar ese derecho a la tierra”, subraya, por su parte, Oscar Ayala Amarilla, asesor legal de los indígenas y coordinador de la no gubernamental Tierra Viva. —Noticias Aliadas.
http://alainet.org/active/47191&lang=es
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