INVASIONES MINERAS TAMBIEN EN PARAGUAY

Urgen nueva ley para área minera

9 DE NOVIEMBRE 2010

La extensión de los plazos de exploración, de 4 a 8 años, es una de las modificaciones que plantea la nueva ley de minería que actualmente se encuentra en estudio en el Legislativo. Técnicos del sector explicaron que este cambio reduce adecuadamente los compromisos de inversión y marca claramente algunas pautas que permitirán estimular la participación de empresas solventes.   

“Surgieron como obstáculos para un mayor flujo de proyectos, es la ley actual de minería, y por ello insistimos mucho en modificarla, sobre todo en los aspectos que conciernen a los plazos de prospección y exploración que resultaban muy cortos, y en los compromisos de inversión que eran sumamente altos e irreales”, dijo el director de Recursos Minerales, Víctor Fernández Crosa.

Informó luego que   conjuntamente con varias empresas mineras el Viceministerio de Minas y Energía imprimió trámites ante el  Parlamento, en donde los miembros de la Comisión de Minas y Energía se hicieron eco de esa necesidad e iniciaron la modificación de la Ley 3180/07 “De Minería” con un proyecto que ya está en la Cámara de Senadores.

“El proyecto en general, personalmente lo considero muy bueno y es un gran paso para alentar la inversión. Dios quiera que esto se materialice lo antes posible sin desvirtuar los cambios esenciales que ya han sido planteados en el anteproyecto”, dijo Fernández.   

“Luego de la modificación de la ley, la Dirección de Recursos Minerales tiene que fortalecer el proceso de transparencia de la gestión de solicitudes mineras, así como en la promoción de la potencialidad mineral del Paraguay. Ya ha avanzado en la publicación del catastro minero que está disponible en la página web (www.ssme.gov.py) y en la provisión de datos geológicos de accesos público y se definió claramente el procedimiento a seguir en los trámites de solicitudes a base de las directivas de la ley correspondiente”, agregó.
   
“Un catastro minero actualizado y una base de datos geológicos de acceso público son las dos herramientas fundamentales para estimular la minería en Paraguay y en cualquier país del mundo”, concluyó diciendo el técnico.
http://www.abc.com.py/nota/urgen-nueva-ley-para-area-minera/

A.N.A.: Paraguay, "las entrañas del monstruo"

Asunción, 28 /10/2010 ( Agencia de Noticias Aratiri – A.N.A. ) Las “entrañas del monstruo” ( Washington D.C.,) fueron escenario del 140º periodo ordinario de sesiones de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.), en el cual, se realizó una Audiencia sobre la situación de “seguridad ciudadana y derechos humanos” en Paraguay. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Co.De.Hu.PY) fue el organismo de DD.HH. denunciante ante la C.I.D.H. El descargo, fue perpetrado por el Ministro del Interior Represor, pro yanqui, Fillizola y el filo colombiano,  Candia Amarilla, quien pasara a la galería de criminales de guerra de la historia por imponer la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional nuevamente en nuestro país. Candia Amarilla, para criminalizar e imponer el terror a toda la población campesina, llegó a afirmar que " estos delincuentes de noche son guerrilleros y de día son agricultores. ( La Nación 5/1/09. )

Por otro lado, en A.N.A., no compartimos la desdichada aseveración de CODEHUPY, sobre la existencia o no del Ejército del Pueblo Paraguayo ( E.P.P. ) porque es favorable a la financiación de los represores, y a los monopolios informativos del sistema, en un contexto de insoportable impunidad de los centenares de asesinatos de referentes de organizaciones sociales, y la violencia sistemática ejercida contra el pueblo campesino, por parte del Ejército y  Policía Nacional del Paraguay o los mercenarios pagos por los agentes del latifundio, agronegociantes. Todos instruidos y promovidos por la embajada de EE.UU.

Segundo, no compartimos la calificación de “organización criminal” que CODEHUPY hace del E.P.P. o de cualquier organización que decide su autodefensa, porque ninguna organización ha reivindicado públicamente los aberrantes crímenes de secuestro que los represores les imputan y por el cual, en algunos casos les condenan mediante procedimientos policiales abusivos y en juicios venales por todos conocidos.

Con estas salvedades, cumplimos con la difusión de este importante informe de CODEHUPY:

CIDH PIDIO RESPETO Y PROTECCION A LABOR DE LOS DEFENSORES/AS DE DDHH

CODEHUPY entregó a la CIDH documentaciones sobre sistemáticas violaciones a los DDHH en Paraguay

La delegación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), entregó ayer en Washington, durante el 140 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un dossier sobre las sistemáticas violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y libertad personal, al presidente de este organismo internacional, Felipe González.

Los documentos entregados hacen referencias a los casos de violaciones de derechos humanos que documentó la CODEHUPY, en los últimos dos años; también se refirieron a otros casos de periodos anteriores y que prueban una continuidad en las falencias del Estado. Desde septiembre de 2008 a octubre de 2010, la CODEHUPY recibió 44 denuncias que implican violaciones al derecho a la integridad física, libertad personal y a la vida. De estos 44 casos, 14 se refieren a ejecuciones extrajudiciales. Unas 400 personas fueron víctimas directas de estos casos, entre ellas niños, niñas, adolescentes y mujeres. Todos los casos presentados ya fueron denunciados previamente en Paraguay.

Al inicio de la audiencia, la secretaria ejecutiva de la CODEHUPY, Carmen Coronel, manifestó que aunque no sea parte del tema a ser tratado, “no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación, respecto al clima, reacción y trato al que estamos siendo sometidos como miembros/as de CODEHUPY, a raíz de la realización de esta audiencia”

Al término de la audiencia, tanto el presidente de la CIDH, quién también presidió la reunión, Felipe González y el relator de la CIDH para Paraguay, José de Jesús Orozco, manifestaron su preocupación por el clima de hostigamiento a defensores de derechos humanos denunciado y recordaron al gobierno de Paraguay que están obligados por el reglamento de la OEA de no tomar represalias contra testimoniantes en la audiencia.  

 Luego, la exposición de CODEHUPY giró entorno a la práctica sistemática de tortura, ejecuciones extrajudiciales y la impunidad de estos casos; y, no en torno al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo.

 Entre los videos entregados están: 1) Las declaraciones de Rafael Filizzola, el 22 de enero de 2010, donde amedrente a abogados de la CODEHUPY, relacionándolos con el EPP; 2) los testimonios de víctimas de torturas durante la audiencia pública sobre tortura y tratos crueles, realizado por la Comisión de DDHH de la Cámara de Senadores, en diciembre de 2009; 3) un CD de fotografías de heridos y destrozos cometidos por policías en distintas circunstancias, 4) testimonios de pobladores de Kurusu de Hierro, que sufrieron abusos policiales.

            Entre los documentos entregados (unas 300 páginas) figuran todos los urgimientos realizados desde la CODEHUPY, tanto al Ministerio Público, como el Ministerio del Interior, para la investigación y sanción de los perpetradores de los casos de torturas denunciados.

En la audiencia, en la que representaron al Estado paraguayo el ministro del Interior, Rafael Filizzola, y el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, ambas partes disponían de 18 minutos para exponer sus argumentos, seguidos de una ronda de preguntas y respuestas de los comisionados de la CIDH.

Amedrentamiento de Filizzola a defensores de Derechos Humanos

La delegación de la CODEHUPY manifestó también durante la audiencia otra causa de preocupación en materia de Seguridad y Derechos Humanos, cuales han sido las manifestaciones públicas del ministro del interior, Rafael Filizzola, quien en ejercicio de sus funciones de Ministro encargado de la seguridad interior, ha venido reiteradamente asociando a organizaciones sociales, a defensoras, defensores y organizaciones de derechos humanos con los crímenes que investigan la Policía Nacional y el Ministerio Público.

             Como muestra, en la emisión del viernes 22 de enero del noticiero emitido a las 20 horas por el Sistema Nacional de Televisión Canal 9 expresó que “[...] hay personas que tienen que definirse: o actúan como parte de una organización de derechos humanos o asumen el rol de defensa de las personas que hoy son sospechosas de ser parte de esta organización criminal” Adjuntamos grabación. .

Entendemos, que estas declaraciones del Ministro del Interior del Paraguay, constituyen, según la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, una intimidación a la labor de organizaciones y personas que actúan como defensoras de estos derechos, cuya tarea conforme los estándares establecidos por el Sistema Interamericano, es sustantiva para la vigencia de  un orden democrático respetuoso del ejercicio de la ciudadanía y libertades pública en los Estados partes de la OEA.

            CODEHUPY reivindica su autonomía para acompañar en la defensa o acusación a personas que sufren factores que los sitúan en condiciones de vulnerabilidad. Ello de ninguna manera, nos inhabilita a ejercer el derecho a criticar las políticas de seguridad que se partan del respeto de la Constitución Nacional; como tampoco nos ubica en una posición de cómplice o encubridora.

 Filizzola dijo que no estaba preparado para responder todos los casos

Al tiempo de su exposición, el Ministro del Interior, Rafael Filizzola, realizó una presentación de su plan de seguridad. También dijo que no estaba informado previamente de algunos de los casos presentados; y, que por tanto no podría responderlas en ese momento; y, se comprometió a acercar documentaciones.

Agregó que heredó una policía Stronista y que están trabajando para sanear a la Policía Nacional. No se refirió sin embargo, por qué quedan impunes los casos de tortura denunciados.

Con relación a su compromiso de una junta médica para examinar a las víctimas de tortura denunciados en el caso de la caseta militar incendiada, dijo que el Círculo Paraguayo de Médico no le hizo caso, y que por eso no se hicieron los diagnósticos.

Negó que amedrente a los defensores de derechos humanos y sostuvo que su gestión tiene como eje central el respeto de los derechos humanos.

 Candia Amarilla reconoció deficiencias investigativas

De los 14 representantes de Paraguay, solo hablaron dos. A su turno, el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, reconoció la deficiencia del Ministerio Público en la investigación de los casos de tortura e informó que en Paraguay solamente existen tres fiscales para la investigación de las violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, se comprometió que desde el año que viene se preverán las partidas presupuestarias para que los fiscales sean de dedicación exclusiva a temas de derechos humanos y que habilitarán otras unidades en el interior del país. En este momento, solo operan en Asunción.

Distintos contextos de abusos

Las violaciones de derechos humanos denunciado por la CODEHUPY se dieron en distintos contextos;  1) allanamientos irregular de moradas, pues las órdenes de registro no describían con precisión el objeto de los registros como manda el Código Procesal de Paraguay; 2) al tiempo de detención de sospechosos de cometer hechos punibles; 3) a la actuación de los órganos de seguridad vinculada a la persecución de una organización criminal denominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); o 4) en relación a personas condenadas por delitos comunes. 

            Las principales víctimas de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones ilegales y arbitrarias; y ejecuciones extrajudiciales son personas de escasos recursos económicos y miembros de organizaciones sociales al tiempo de ejercitar sus derechos constitucionales de la protesta y petición a las autoridades. Mujeres y niños sufrieron torturas y detenciones ilegales en el periodo informado.

            Solo en uno de los casos denunciados hubo respuesta parcial del estado, con el reconocimiento de los abusos cometidos. Sin embargo no hubo reparación a las víctimas.  Es el caso de las comunidades Mbokajaty y Curupayty, donde se reprimió a pobladores y pobladoras y efectivos policiales destruyeron de viviendas asentadas en propiedades privadas, cultivos, hurtaron de materiales escolares, aparatos de telefonía celular, dinero en efectivo y joyas se dio en el contexto de la búsqueda de los supuestos autores de la muerte de un efectivo policial, que custodiaba una finca agroganadera, colindante a la misma.

            En el hecho de tortura denunciado en la comisaría local no se realizó siquiera un acto investigativo, a más de un año y cuatro meses de los hechos. El pedido de revisión médica de las personas torturadas no fue atendido por las autoridades intervinientes, del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

            En los casos de torturas denunciados en la audiencia pública no fueron abiertas investigaciones fiscales, ni administrativas para esclarecer la responsabilidad de los servidores públicos indiciados como perpetradores. Preocupa principalmente el caso de una mujer que fue obligada a pisar un clavo, bajo la amenaza de que si no lo hacía, su hijo menor de dos años, colgado de los patas por uno de los policías intervinientes, sería ahogado.  Véase por favor, el video de la audiencia púbica.

            En otro caso, que hacer relación  a la tortura a supuestos responsables de la quema de una caseta militar (hoy desvinculados del proceso) mediando el expreso compromiso del Excelentísimo Ministro del Interior presente en esta audiencia, Dr. Rafael Filizzola, en el sentido de constituir una junta médica independiente para constatar las lesiones físicas que sufrieron los detenidos en una unidad militar por parte de efectivos policiales y militares; las mismas no fueron examinadas, a pesar de haberse presentado fotografías de las lesiones sufridas por las víctimas, que le fueron entregadas el 16 de enero de 2009, en una audiencia en el Ministerio del Interior. La CODEHUPY solicitó por escrito acceder a los resultados del diagnóstico comprometido y urgió la realización de la revisión médica en cuatro ocasiones más:  1) el 22 de mayo; 2)  el 3 de septiembre de 2009; 3)  el 20 de octubre de 2009 y; 4) por última vez, el 16 de julio de 2010.

            La CODEHUPY documentó la deficiente investigación de los casos de tortura, principalmente cuando afecta a personas privadas de libertad, en la denuncia presentada el 3 de marzo de 2009, contra miembros de la Policía Nacional, Osvaldo Sánchez, oficial de Apellido Martínez, por infringir lesiones a los detenidos en la Agrupación Especializada Luis Rojas, Flaminio Acosta, Ovidio Ramírez y José González.  La CODEHUPY urgió diligencias al Ministerio Público acorde a los mandatos del derecho internacional 1) el 3 de marzo de 2009; 2) el 27 de abril de 2009; y, 3) el 9 de marzo de 2010.  Sin embargo, el Ministerio Público no realizó ningún acto investigativo tendiente al esclarecimiento de los hechos.

            Por su parte, en este mismo caso, la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, informó a la Codehupy por nota Nº 215/10 que los oficiales sumariados habían sido sobreseídos en fecha 9 de agosto de 2010. El desinterés y desprolijidad de la juez sumariante puede colegirse de la solicitud hecha a la Codehupy el 19 de octubre de 2009, donde solicita se le remita los diagnósticos médicos de las víctimas, que habían sido examinado en el mismo hospital de Policía. Su investigación se limitó a tomar testimonio a los supuestos perpetradores. 

            Un adolescente de 15 años fue víctima de tortura por efectivos policiales, en Kurusu de Hierro, en el departamento de Concepción. La denuncia fue presentada el 24 de junio de 2010. A la fecha el Ministerio Público ni el Ministerio del Interior han realizado actos investigativos alguno tendientes a la sanción de los perpetradores. CODEHUPY urgió la realización de actos investigativos el 13 de julio y el 9 de septiembre en el Ministerio Público; y, en el Ministerio del Interior, el 16 de julio y el 16 de agosto respectivamente.

            Junto al adolescente fueron torturadas otras personas al tiempo de su detención, en Kurusu de Hierro. Cuando un equipo de la CODEHUPY trató de ingresar a la penitenciaría regional de Concepción para conversar con los detenidos, el director del penal impidió el ingreso alegando orden superior. 

 Violación de derechos humanos de las mujeres

Las torturas y detenciones ilegales que sufrieron las mujeres durante el periodo de informo se presentó como un capítulo distinto durante la exposición. Se manifestó que en los casos de torturas denunciados en la audiencia pública de diciembre de 2009, ni siquiera fueron abiertas investigaciones fiscales, ni administrativas para esclarecer la responsabilidad de las servidores públicos indiciados como perpetradores.

Sólo a modo de ejemplo se relató el caso de la Señora Angela Velazquez de la comunidad de Kuruzú de Hierro del Distrito de Horqueta del Dpto. de Concepción, en el mes de enero del 2009,  militares y policías en el marco del operativo en Kurusú de Hierro, la  acosaron sexualmente, en otras ocasiones los agentes intervinientes mostraron a Angela Velázquez y sus niños, sus genitales.

En otra ocasión la siguieron hasta su domicilio, metieron unas maderas en la leche buscando supuestas armas que podría tener en su recipiente de leche. Un día al pasar frente al reten militar- policial,   disparaban al aire con las metralletas. Esta persecución duró 34 días. El jefe de la operación fue  Oscar Ferreira y un subjefe de apellido Coronel. Esto se denunció en la cámara de Senadores, ante la  comisión de DDHH y a la fecha no ha se abierto investigación y castigo a los responsables.

Otro de los casos, es el de María Mereles, quien en julio de 2009, junto otros campesinos que se hallaban acampando en una propiedad que denuncian como ilegal  en Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.  Fueron sorprendidos por un contingente de la Agrupación de la policía ecológica y rural. Denunció que fue obligada a pisar una tabla con clavos, bajo la amenaza de que si no lo hacía, su hijo menor de dos años, y otra de 8 años colgado de los patas por uno de los policías intervinientes, sería ahogado.  Veáse por favor, el video de la audiencia púbica. Fue brutalmente golpeada por el comisario Willian Duarte, con presencia de la fiscala Fátima Burró, cuenta con diagnóstico médico.

            En el marco de las intervenciones y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad han golpeado a niños, niñas, mujeres y docentes, cerraron las instituciones educativas por 22 días en la zona de Curupayty como se releva en el testimonio de la Sra. Norma Román. Durante este tiempo se impidió ir a sus chacras cercenándoles el derecho al trabajo y alimentación dado que dependen de los cultivos. Luego de estos hechos, la testimoniante relató cómo sus hijos, ni a la escuela quisieron volver por el temor causado.

Corte IDH condenó nuevamente al Paraguay por violar derechos indígenas

Paraguay, Alemania, 04.10.10 - El Estado paraguayo fue condenado por tercera vez, en menos de cinco años, por la violación de los derechos humanos de los indígenas que viven en comunidades del Chaco.Esta nueva sentencia, que corresponde al caso de la Comunidad Enxet-Sanapaná de Xákmok Kásek contra el Paraguay, fue dada a conocer el 24 de setiembre pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El máximo tribunal de los Derechos Humanos de las Américas determinó que el Estado paraguayo violó los derechos a la propiedad colectiva; a la vida; a la integridad personal; los derechos del niño; a la protección judicial; a las garantías judiciales; a la personalidad jurídica; y que incumplió con su deber de no discriminación de los miembros de la citada comunidad Enxet-Sanapaná.
En su condición de condenado por violación de los derechos indígenas, el Paraguay deberá devolver, antes de finales del año 2013, las 10.700 hectáreas reivindicadas por la comunidad Xákmok Kásek, según se menciona en los puntos resolutivos de la sentencia. Estas tierras, parte del territorio tradicional de los Enxet-Sanapaná, están actualmente tituladas a nombre del ganadero Roberto Eaton -quien posee unas 7.000 mil has de las tierras- y de la cooperativa Chortizert -poseedora de otras 3.000 has-.
El tribunal de los Derechos Humanos estableció, asimismo, que en caso que el Estado no devuelva sus tierras a Xákmok Kásek, en el plazo establecido, deberá abonar a los indígenas 10 mil dólares por cada mes de atraso en el cumplimiento de este punto de la sentencia.

Protección inmediata de las tierrasOtras medidas dictadas por la Corte IDH en este caso, indican que el Estado paraguayo deberá  proteger inmediatamente las tierras de Xáknok Kásek, de manera a evitar actos de deforestación para no destruir los lugares importantes de la comunidad. Igualmente, deberá reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos de violación de los derechos indígenas probados durante el proceso de investigación de este caso.
Con respecto a la situación en que se encuentra actualmente la comunidad, la sentencia señala que de manera inmediata, las instituciones del Estado deberán entregar agua para consumo y aseo personal. Deberá realizar una revisión médica y psicosocial  a todos los miembros en especial a todos los niños, niñas y ancianos. En materia de salud, se debe llevar a cabo tareas de vacunación y desparasitación, atención a embarazadas y durante los primeros meses de nacido del niño.
En este punto la sentencia señala que deberá entregarse a los indígenas alimentos en cantidad y calidad suficiente. Además, deberán ser instalados letrinas en toda la comunidad y mejorar la infraestructura de la escuela.
Para estas tareas el Ministerio de Salud deberá establecer en menos de seis meses, un puesto de salud permanente y un sistema de comunicación en la aldea 25 de febrero, donde actualmente viven los indígenas. Finalmente, el Estado tendrá que implementar, durante el año próximo, un programa de registro para todos los indígenas de la comunidad.

Millones de dólares en indemnizacionesEl documento condenatorio menciona que el Paraguay deberá presupuestar 700.000 dólares americanos para financiar proyectos de desarrollo dentro de la comunidad. En los próximos seis meses debe ser conformado el comité de implementación de este plan, el mismo estará compuesto por un representante del Estado, uno de la comunidad y uno de consenso.
Con respecto al resarcimiento de daños causados por los años de abuso a la que fue sometida esta comunidad, la Corte IDH dispuso una indemnización de 270.000 dólares, que serán distribuidas a las familias que forman parte de Xákmok Kásek. Mientras. En otro punto de la sentencia se menciona, que el Estado deberá igualmente entregar 25.000 dólares por costas y gastos, monto que será entregado a los líderes y la comunidad resolverá  el destino de este dinero.

Otros casos con condenaEl Paraguay soporta actualmente tres sentencias de la Corte IDH; las dos anteriores corresponden a las denuncias presentadas por las comunidades Yakye Axa, dictada en el 2005, y Sawhoyamaxa, del año 2006. En ambos casos el tribunal internacional estableció que el Estado deberá devolver sus tierras a estas comunidades. Sin embargo, hasta la fecha el Paraguay sigue sin cumplir con su responsabilidad y por ende sigue violando los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Más información con TierraViva http://www.tierraviva.org.py/www/

http://www.fian.org/noticias/comunicados-de-prensa-1/estado-paraguayo-sentenciado-por-tercera-vez

A.N.A: Paraguay, Campaña "Para Liliana Ayalde ¡ Expulsión ya !"

PARA LILIANA AYALDE ¡ EXPULSIÓN YA !

Injerencia de la embajadora de EEUU, Liliana Ayalde, en los asuntos internos de la República de Paraguay:
Imposición al Gobierno Paraguayo del tutelaje imperialista mediante el Plan Umbral, la actividad de la USAID, DEA, FBI, CIA y otras agencias. Promoción de la Doctrina de Seguridad Nacional y de la represión según modelo Plan Patriota del Plan Colombia ( país fosa común, ) ejercicios militares Nuevos Horizontes, Medretes, Oñondivepa, etc.
Promoción del terrorismo de estado, mediante ayuda militar, instrucción en contrainsurgencia, antiterrorismo. Imposición de impunidad para los escuadrones de la muerte
Imposición de Ministros, rechazo al ingreso de Venezuela al MERCOSUR y de paraguay al UNASUR
Impunidad de los agentes del Operativo Cóndor impuesto por EEUU
Imposición de los agronegocios de Monsanto, Cargill, etc. y el modo latifundiario de la propiedad capitalista de la tierra. Son RESPONSABLES del despojo de la tierra de 600.000 campesinos y del desplazamiento forzoso de más de 1 millón de campesinos al exterior ( Argentina, España, EEUU )

Colectivo de ex - detenidas políticas

“Cármen Soler”

Campaña:

PARA LILIANA AYALDE ¡ EXPULSIÓN YA ! Adhesiones:Comisionparaguay@yahoo.com.ar

Nda’ikatui ña ñe vende
¡¡¡ No podemos vendernos !!!

Paraguay: Un proceso democrático manchado con sangre y violación de derechos

Abel Irala

Rebelión

En febrero del año 1989 Paraguay inauguraba un proceso democrático a través de un golpe militar que despojó del poder al dictador Alfredo Stroesner , quien estuvo al frente del régimen autoritario por 35 años, de hecho una de las dictaduras más largas del continente, régimen que fue sostenido por las fuerzas militares pero con un importante componente civil a través de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida popularmente como el Partido Colorado.

Durante la vigencia de la dictadura las organizaciones campesinas, sindicales, políticas, estudiantiles, fueron perseguidas, reprimidas y en algunos casos aniquiladas por completo. Torturas, exilio y muerte era el destino para aquellos que pensaban diferente o que intentaban hacer oposición al dictador y su partido, incluyendo a los niños/as y adolescentes.

En el periodo dictatorial, se ha hecho una repartija de tierras a “amigos y socios políticos” del dictador, tanto nacionales como extranjeros, “ Milton Machado, amigo del Dictador Stroessner fue adjudicado en 49 ocasiones o veces con 1.542 has en Amambay. Los conocidos capos de la mafía de la droga Adilson Rosati y Fad Yamil, amigos del Dictador fueron adjudicados en 12 y 11 veces con 385 y 524 has cada uno. El ex dictador Nicaraguense Anastacio Somoza refugiado en Paraguay en 1980 también fue adjudicado con 8 mil hectáreas en Nueva Asunción, Chaco ”  .

En cuanto a la economía paraguaya después de caído el régimen dictatorial continúa sin muchas variaciones y mantiene una mala distribución de la riqueza, girando aún el principal eje de conflicto sobre el tema agrario; “La distribución de la tierra en Paraguay obedece a una lógica de concentración no-productiva de recursos productivos, tributaria de la permanencia de un esquema dual de producción agroexportadora: baja productividad económica de la actividad pecuaria en contraste con la alta productividad económica de la producción sojera, subordinada a la expansión económica brasileña. A su vez, el avance de los sistemas de producción agrícolas con fuerte inversión de capital tornó a la competencia por la tierra el fundamento para estrategias de reconversión de la hacienda tradicional, de modo que el avance del modelo sojero se complementa con la expansión del latifundio y la conformación de sistemas mixtos de producción (sojero-ganadero) presionando sobre las fincas campesinas minifundistas”.

Cayó la dictadura para dar pie a un nuevo régimen democrático formal, sin embargo el Partido Colorado se mantuvo en el poder hasta el año 2008 – con la victoria de una alianza de partidos políticos encabeza da por el ex obispo Fernando Lugo-, hoy, la ANR sigue siendo uno de los partidos mayoritarios y con alta representación parlamentaria; que aún posee un importante caudal electoral “ Casi 1.400.000 paraguayos sufragaron en las elecciones municipales del 2006. El 50% de los votos fue para el Partido Colorado, lo que significa que con 683.631 la ANR logró 152 intendencias en todo el país, casi el 70% de los distritos ”  .

Los 21 años de democracia, o de transición democrática ha estado sellada por el aumento de la pobreza y la desigualdad, población rural desplazada hacia los cinturones de las ciudades, la emigración, desempleo, el hambre y la miseria a la que está siendo sometida la población paraguaya, sin que se observen muchos indicadores de cambio a corto plazo o para los próximos años.

La primera década democrática y la lucha social por los derechos:

Sin embargo, la transición democrática ha presentado avances importantes, pero insuficientes, mejoras en cuanto al desarrollo de los derechos civiles y políticos; las organizaciones populares como sindicatos, organizaciones de mujeres, movimientos campesinos han tenido un rol protagonista en la lucha por la conquista de mayores libertades, luchas desarrolladas bajo fuertes presiones, persecuciones sindicales, represiones e incluso asesinatos en el caso campesino fundamentalmente. De 1989 al 2006 se tenía registrado el asesinato de 93 campesinos en diferentes circunstancias alrededor del problema de la tierra, esos asesinatos continúan hasta el día de hoy, sumándose casos de torturas, desalojos violentos, imputaciones, existen más de 2000 labriegos con medidas restringidas judicialmente.

En materia de los derechos de los niños y niñas, el Paraguay ratificó la Convención Internacional sobre los derechos del niño y la niña en 1990 y reemplazo un Código del Menor por el Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2001 (Ley 1.680/01), quizá uno de los cambios más importantes a nivel normativo y que contempla una mirada del niño como sujeto de derecho, en su primer artículo menciona: “ Este Código establece y regula los derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente, conforme a lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y ratificados por el Paraguay, y las leyes ”.

Sin embargo el respeto a los derechos consagrados por los marcos jurídicos a las infancias, aún tiene mucho que recorrer. Un informe realizado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) dado a conocerse a inicios del año 2000 demuestra la vulnerabilidad a la que están expuestos los menores de 18 años; en cuanto a los malos tratos y torturas: “ En un estudio sobre los niños encarcelados llevado a cabo entre noviembre de 1997 y mayo de 1998, el Ministerio público del Paraguay, en colaboración con el UNICEF y con la sección paraguaya de Defensa de los Niños Internacional, estudió los casos de 87 niños en espera de juicio. En el ámbito de la tortura y otros malos tratos, este estudio concluyó que 41 de los 87 detenidos entrevistados dijeron haber recibido palizas, patadas y otras formas de malos tratos (especialmente en las dependencias policiales) ”.

Otro de los aspectos de violación de derechos tienen que ver con el Servicio Militar Obligatorio: “ De hecho, Amnistía Internacional declaró en su informe de abril de 2001 que seguía recibiendo informes serios de malos tratos contra niños que habían sido reclutados de forma ilegal.39 Entre los casos tratados, Amnistía Internacional subrayó especialmente los de Rosalino Ortiz (16 años), Brigido Martínez (15 años), Pedro Edgar Aquino (16 años) y Bernadino Acuña (16 años) y Reinaldo Morínigo (17 años) que habían recibido palizas brutales durante el servicio militar en el año 2000.

La Asociación de Familias de las Víctimas del Servicio Militar Obligatorio(AFAVISEM) ha denunciado que noventa y cuatro reclutas han perdido la vida durante el servicio militar en Paraguay desde 1989. Aproximadamente la mitad eran niños, y el menor de todos, Antonio Blanco, sólo tenía 12 años cuando murió asesinado en 1997 ”.

El informe también menciona en cuanto al abuso y la explotación sexual: “ El número de niños víctimas de tráfico con fines sexuales está en aumento. Algunos de ellos son muy jóvenes (8 años). Varios de estos niños, que por lo general tienen que abandonar sus hogares para escapar de los abusos y malos tratos, se ven introducidos en redes de prostitución por adultos que se aprovechan de su vulnerabilidad y penuria económica. En otros casos que se dan fuera del sistema de explotación, hay adultos que se dirigen a los niños de la calle y les ofrecen dinero a cambio de favores sexuales ”  .

La década del 90 significo la aparición de nuevas organizaciones sociales, nuevos actores o colectivos, como es el caso de la re organización de los estudiantes secundarios (hoy Federación Nacional de Estudiantes Secundarios - FENAES), el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), los sin techo urbanos, organizaciones gays lésbico y en el año 94 irrumpe algo que años anteriores era simplemente imposible imaginar: la Organización de Niños/as y Adolescentes Trabajadores (ONATs).

En la misma década se han presentado importante s luchas alrededor de la defensa del proceso democrático ante la amenaza de sectores fascistas y autoritarios, como en el 96 con la gran manifestación de los “jóvenes caras pintadas”, ante un intento de golpe de Estado del ex general Lino César Oviedo y en el 99 lo que se conoce como el Marzo Paraguayo, donde a partir del hecho de asesinato al vicepresidente de la república de aquel momento, siempre con el mismo plan fascista de Oviedo, los sectores organizados y no organizados toman las plazas del Congreso Paraguayo hasta conseguir la renuncia del presidente Raúl Cubas, principal aliado del ex general, dejando el fatal saldo de 8 muertos y un centenar de heridos.

Los invisibilizados de la sociedad de Agrupan a Nivel Nacional:

Es 1999 que la Organización Niños/as y Adolescentes Trabajadores realiza su tercer Encuentro Nacional, que significó la creación de una instancia que nuclea a diferentes organizaciones de NAT a nivel país, que es la Coordinación Nacional de Niños/as y Adolescentes Trabajadores: CONNAT.

La CONNAT aglutina a niños, niñas y adolescentes que trabajan en espacios públicos, como mercados y terminal de ómnibus, calles y lo que trabajan en sus hogares. Es una organización genuinamente infantil y defienden el derecho al trabajo, tienen una valoración crítica del trabajo infantil y sostienen que la postura promovida por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que impulsa convenios y leyes en contra del trabajo infantil no resolverá la grave situación de pobreza en que se encuentran miles de niños y niñas en todo el país y que deben trabajar para poder vivir.

Desde su aparición la CONNAT viene realizando una serie de acciones que pretenden elevar el grado de reconocimiento de la niñez trabajadora en el Paraguay, se han realizado varios encuentros nacionales, un Encuentro Latinoamericano de NAT, Paneles Debates y Seminarios, acciones públicas, alianzas con otros sectores organizados y manifestaciones de carácter de protesta ante ciertas situaciones; convirtiéndose así en una de las organizaciones referentes de la infancia paraguaya.

Existen pocas organizaciones de niños o adolescentes en el Paraguay con la capacidad organizativa que ha logrado desplegar la CONNAT a lo largo de estos años. Otra organización con buen nivel de incidencia y protagonismo es la FENAES, que aglutina principalmente a adolescentes estudiantes del nivel secundario, “es un movimiento social que está formando por estudiantes secundarios de varios departamentos del país, que lucha por una mejor calidad educativa y educación para todos los jóvenes del país”  . Después de estas dos organizaciones, es poco lo que se puede rescatar como experiencia de organización y participación infantil y las que existen están muy ligadas y casi totalmente dependientes a proyectos y/o instituciones de adultos.

La alternancia del poder, la continuidad de la pobreza:

Las elecciones presidenciales del 20 de abril del 2008 sin lugar a dudas significó un punto a favor de la democracia Paraguaya, ya que después de 60 años el Partido Colorado perdía el poder frente a la candidatura de Fernando Lugo, quien lideraba lo que se llamo la Alianza Patriótica para el Cambio (APC).

Desde la asunción del nuevo Presidente de la República, que se da en agosto del mismo año, se intenta crear un clima de desestabilización por parte de la oposición, con amenazas constantes de juicio político para el primero del poder ejecutivo. Suman a este intento de desestabilización la existencia de un supuesto grupo guerrillero denominado EPP (Ejercito del Pueblo Paraguayo) con el cual el Gobierno Nacional aún no pudo dar en su captura. Las demandas de paternidad en contra de Fernando Lugo y los supuestos hechos de corrupción de algunos colaboradores/as cercanos al Presidente, como lo es el caso del Secretario Ministro de Emergencia Nacional, la reciente destitución del Ministro de Defensa Nacional Bareiro Spaini, entre otros condimentos más de la política paraguaya, con un claro mensaje: que la derecha tiene poder y lo utiliza para bloquear cualquier intentona de cambio que arriesgue los intereses de los mismos.

La prensa y los medios de comunicación juegan un rol importante en este proceso, muchas veces manipulando la información, haciendo una campaña mediática para aumentar el grado de inseguridad o de miedo entre la gente, para exagerar algunas informaciones y en algunos casos mienten descaradamente para formar una opinión pública en contra del Gobierno de la alternancia.

Sin embargo en cuanto a política económica se refiere no se registran cambios significativos, se continúa y se profundiza el modelo agroexportador, no se genera n empleos ni fuentes de trabajo, se mejoran los índices de la macroeconomía pero se pronostica aumento del hambre para el común de la población.

La política de seguridad es cuestionada por parte de las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos por sus vínculos y asesoramientos permanentes que recibe por parte del Gobierno colombiano, gobierno que registra una alto índice de violación de los derechos humanos en el continente.

Las políticas sociales siguen siendo marcadas por organismos internacionales como es el caso del Banco Mundial, expandiéndose las experiencias de programas de “Transferencia Monetaria Condicionada” (TMC), generando más que alternativas, un círculo vicioso alrededor de la pobreza, además de que se sigue mirando al ciudadano pobre como mendigo y carente de facultades. En cuanto al tema de salud, el logro más importante tiene que ver con la eliminación de aranceles en la atención, pero aún con grandes falencias para atender a toda la población y la provisión de medicamentos.

La secretaría de la Niñez y Adolescencia, dependiente de la presidencia de la república, es una secretaría con rango ministerial y es la responsable de delinear las política para la infancia. Se visualizan importantes signos en la búsqueda ciertos mecanismos que puedan garantizar un mayor nivel de participación y protagonismo infantil. Se han realizado eventos importantes, como el encuentro de niños/as con el Presidente de la República, Encuentros de Niños/as y Adolescentes a en diferentes regiones del país denominados “Aty Ñemonguetara”, se ha creado un Departamento de Participación Protagónica, para fomentar y animar la participación de los niños y niñas.

En el año 2009 y 2010, el 16 de agosto que se conmemora el día del niño y la niña, se ha creado un espacio con el Presidente de la República y la Ministra de la Niñez para informar de las gestiones del Gobierno nacional, importante, aunque un espacio muy estructurado y de escaso tiempo que no permite que los niños/as puedan profundizar en cuanto a los informes que escuchan.

La Secretaría de la Niñez lleva adelante una línea abolicionista del trabajo Infantil, en coordinación con organismos nacionales e internacionales, como es el caso de la UNICEF. Es propulsora del programa llamado “Abrazo” que busca eliminar el trabajo infantil en las calles, a través de brindar un subsidio (TMC) a las familias que se comprometan a sacar a sus hijos de la calles.

La postura abolicionista de la Secretaría de la Niñez va en confrontación con los principios e ideas de la CONNAT, en recordación del día mundial contra el trabajo infantil la Secretaría organizó y participó de diferentes actos . En el diario Ultima Hora con fecha del 10 de junio del 2010, se daba a conocer que “unos 140 mil menores realizan trabajos peligroso” en dicho artículos también se menciona: “ La raíz del problema es la pobreza; para disminuir el trabajo infantil hay que disminuir la pobreza, por eso hay que crear programas de apoyo a las familias y fuentes de trabajo decente", es la tesis de la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Liz Torres. 
A su entender, aunque existen programas de protección a los menores de edad, como es el caso del programa Abrazos, que protege a 1.904 niños del trabajo infantil, los mismos son todavía embrionarios en los casos no visibilizados de trabajo infantil. 
Torres propone hacer cumplir el marco normativo que incluye tres convenios ratificados, tres leyes y dos decretos que protegen al niño contra esta explotación ”  .

En estas declaraciones la Ministra reconoce que hay un problema mayor que tiene que ver con la pobreza, pero propone como alternativas seguir profundizando el programa Abrazo y cumplir con un marco normativo que invisibiliza a la infancia trabajadora.

Dos últimos nudos problemáticos que podemos resaltar del gobierno actual y que de alguna manera es la continuidad de los gobiernos anteriores, tiene que ver:

Primero: con que se sigue criminalizando la lucha social, y aumentando las represiones contra las mujeres y los niños/as. La judicialización de las luchas campesinas, implicó la imputación de 347 personas, en este marco fueron imputadas 50 mujeres y 16 menores de edad. Las imputaciones restringen la libertad de quienes se encuentran con procesos abiertos: no pueden participar de movilizaciones y reuniones, deben presentarse mensualmente a la fiscalía. Casi el 70% se dio en el transcurso del año 2008, principalmente en el Departamento de Alto Paraná  .

Segundo: Con el uso indiscriminado de agrotóxicos, que ha provocado severas enfermedades en comunidades enteras, llegando incluso a casos de contaminación fatales para niños. “ Mencionemos que el pasado 6 de Noviembre, un grupo de sojeros intentó desalojar por la fuerza, con camiones y camionetas a unas 140 familias que conforman las comunidades Avá Guaraní de Loma Tajy, Ka’a Poty, Formosa, Ka’aguy Roky e Ysatî del distrito Itakyry Departamento de Alto Paraná. De acuerdo a informes oficiales se actúo con violencia. Se amedrentó a la población, con sobrevuelos rasantes, incluso rociando a la comunidad indígena ” .

En medio de esta situación la organización de las personas se vuelve una herramienta necesaria e imprescindible para dar continuidad a las luchas emprendidas por profundizar la participación popular en una dem ocracia cargada de formalidades, con rostro de hambre e injusticia que excluye a una buena parte de la población paraguaya y en especial a la infancia empobrecida que debe arreglárselas como pueda para poder estudiar, comer y vestirse.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=112048

Paraguay: Peligrosas coincidencias

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

La presencia de expertos estadounidenses en contrainsurgencia y en el combate al narcotráfico, que operan legalmente en unos departamentos del centro noreste del país, no ha motivado ningún debate público en Paraguay, a pesar de constituir un programa de cooperación proyectado a largo tiempo, similar al que opera en Colombia, cuya aplicación actual ha sido declarado inconstitucional por la Corte.

Tampoco esa presencia en Paraguay ha requerido aprobación parlamentaria, presumiblemente porque ambos gobiernos decidieron convalidar discretamente un convenio de cooperación vigente desde octubre de 1961, suscrito por el General Alfredo Strossner y su colega de Estados Unidos Dwight David Eisenhower.

La satisfacción expresada estos días ante la prensa por la Embajadora norteamericana Liliana Ayalde, corrobora un triunfo en el gran interés que ha tenido su Gobierno en consolidar la instalación de equipos norteamericanos en Paraguay, fuertemente resistidos por los movimientos sociales y partidos de izquierda.

La zona donde están operando es una de las más combativas en la reclamación de una reforma agraria.

Paraguay es el país suramericano con más desigualdad en la distribución de la tierra, con 85 por ciento de la mejor en manos del dos por ciento de los hacendados, mayoría sojeros agro-exportadores y extranjeros, que pagan un impuesto humillante, de burla.

Es de presumir que el método empleado por los funcionarios de ambos gobiernos para relanzar el operativo en el norte paraguayo, imitó al acordado el año pasado entre Washington y la administración de Alvaro Uribe, en virtud de la cual el imperio instaló siete bases de su IV flota de guerra en territorio colombiano.

Ese contingente bélico, que se sumó a otras seis apostadas sigilosa y progresivamente en los recientes años, utilizó como respaldo formal un tratado de 1952, aprobado por el Congreso de entonces, igual que ocurrió en Paraguay unos diez años después, en plena guerra fría y con la irrupción de la Revolución Cubana, que intensificó la lucha anticomunista de Estados Unidos.

Una legalidad intachable corroboró los dos convenios de cooperación militar USA-Colombia y, una década después USA-Paraguay, en robusta clonación extendida en más de medio siglo.

Ese acuerdo nació ilegítimo, porque en nombre del Estado de Colombia lo firmó el general Laureano Gómez, golpista menos recalcitrante que su colega de armas Rojas Pinilla, que lo derrocó para garantizar la aplicación del plan de los servicios estadounidenses, el mismo que en Asunción ejecutaba Strossner.

De hecho, en este país esa cooperación entró en su fase más activa e intensa en 1969, con fuertes razzias de persecución y encarcelamiento de militantes de izquierda, registrando su pico más alto con el asesinato de decenas de campesinos pertenecientes a las Ligas Agrarias, un movimiento cristiano organizado en cooperativas de producción, todos comunistas, según la pérfida tiranía y su patrón.

La comparación con los terroristas y guerrilleros de hoy es impactante y, aunque no creo en brujas, que las hay, las hay, sin dudas, pero no siempre vuelan montadas en escobas.

La represión criminal, con asesoría estadounidense, igual que ocurría en Colombia, llevó a la cárcel, a la tortura y al exilio a numerosos paraguayos, todos acusados de ser agentes de Moscú.

Ese manido pretexto, utilizado por Estados Unidos desde el estallido de la Revolución Bolchevique en 1917, le fue muy útil en Paraguay para utilizar este país sureño, triple frontera con Brasil y Argentina, y limitando al norte con Bolivia, para ensayar ciertas prácticas de su ejército de profesionales especializados en la tortura y asesinatos y en la creación de escuadrones de la muerte.

Ananías Maidana, con 86 años y en plena militancia política como líder del Partido Comunista, es un testimonio contundente, pues pasó 20 años en las mazmorras de Strossner, junto a cientos de civiles, mayoría campesinos, y algunos universitarios y militares.

Entre ellos también estaba su hermano, Antonio Maidana, quien sufrió prisión y vejámenes durante cuarto siglo. Una vez afuera de los barrotes, viajó a Buenos Aires y ahí fue secuestrado y desaparecido definitivamente, es decir, asesinado por la Junta Militar que encabezaba el General Videla.

En ese marco, y abarcando varias regiones del subcontinente, desde el norte Caribe hasta Tierra del Fuego, Estados Unidos fue perfeccionando el Operativo Cóndor, con la obediencia debida de las satrapías cívico-militares, junto con las numerosas células mercenarias que instaló hasta mediados de la década del ochenta, con un saldo de más de cien mil muertos, sólo en Guatemala 40 mil y en Argentina 30 mil.

Ante la repulsa de grandes sectores de los pueblos, que aunque muy golpeados daban muestras de invencibilidad y de recuperación de las fuerzas democráticas, el propio agotamiento del modelo y el rechazo de algunos gobiernos con influencia en la política internacional, unos pocos europeos y la URSS y China, aconsejó a Washington un repliegue en su barbarie, aunque jamás ha significado renunciamiento.

Una nueva concepción de la guerra de baja intensidad concibió el Pentágono y, como táctica, fingió una retirada, condenando en los discursos en Naciones Unidas y en su OEA, a los regímenes más sanguinarios y ladrones, que había sostenido en su totalidad, reciclándose con un maquillaje de apoyo a los gobiernos de transición a la democracia.

En ese nuevo esquema, el tirano paraguayo fue de los últimos en caer, en febrero de 1989, sustituido por el General Andrés Rodríguez, hasta meses antes presentado como capo del narcotráfico paraguayo por los servicios secretos de Estados Unidos, que le había prohibido la entrada al país.

¡¡Otra coincidencia con Colombia!!. Uribe, según documentos del Pentágono publicado en el 2004, tenía el Nº 84 en una lista de delincuentes vinculados a las drogas, con fecha 1992. La única diferencia, hasta ahora, es que Rodríguez habría muerto en una Clínica en Estados Unidos y Uribe aún anda vivo, pero ambos pueden quedar identificados al limón exprimido. Entregado su jugo, ya no sirve más y se elimina.

Observadas de cerca, esas coincidencias tienen algunas diferencias que pueden ser significativas o no. Por ejemplo, en cierto sentido, los plazos varían un poco y ello puede ser importante en la medida que obedecen a coyunturas que así lo exigen.

En Colombia, el acuerdo militar, eufemísticamente de cooperación, dado que siempre es unilateral al servicio del más fuerte, fue reflotado en el 2009 con la instalación de la IV Flota de Guerra y, en Paraguay, la firma de 1961, ejercida sanguinariamente entre 1969 y 1986, ahora se ha desempolvado, en la búsqueda de guerrilleros en el norte del país.

Expertos del Pentágono, como Frank Mora, uno de los jerarcas para los asuntos que le interesan a Estados Unidos en el subcontinente americano, en una reciente visita de una semana a Paraguay, declaró que es necesario unir las fuerzas de ambos países para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo, desde sus propias bases de apoyo.

El tiempo que duró su estancia, con mucha prensa y una copiosa agenda, interesado en conocer la situación del Ministerio de Defensa, tras la remoción de su titular, el General Bareiro Spaini, un nacionalista antimperialista, demuestra la importancia que Washington está dando a esta plaza sureña.

Habitualmente los agentes pasan 24 horas o menos, tras dejar sus consejos, como es costumbre en los expertos del Pentágono, que la mayoría de las veces representan órdenes a quienes consideran subditos. En esta ocasión, más medido en sus palabras, concluyó con profunda aseveración que el EPP representa una peligrosa guerrilla.

Sin embargo, por métodos y accionar, el EPP es una nebulosa, al que algunos políticos y la gran prensa le dan categoría de guerrilla, a pesar de que nunca se enfrentó ni con la más mínima expresión de un cuerpo represivo del Estado.

La acusación más corriente es que habría asesinado a algunas personas en esa zona del país donde están los expertos estadounidenses, y por esa suposición hay unos 30 campesinos presos desde hace meses, sin condena por falta de pruebas.

Una pocas personas encarceladas, acusadas de sedición, se han declarado miembros del EPP y están procesados por la Fiscalía General por los secuestros de una hija de un ex Presidente, quien fue encontrada asesinada después de varios meses, en un crimen crapuloso que no puede cometer nadie con ideología revolucionaria, y de dos hacendados, quienes habrían pagado miles de dólares para conservar su vida.

En la última década y en unos 30 plagios, la extorsión habría acumulado más de diez millones de dólares, pero en muchos casos han sido descubiertos varios policías y militares entre los autores directos, pertrechados de radio, uniforme y armamento de esos mismos organismos de seguridad. No obstante, el EPP es siempre el acusado.

Unos pocos papeles, atribuidos a esa fantasmagórica organización, han circulado con declaraciones de propósitos políticos, la mayoría amenazando al Estado Capitalista.

Algunos actos explosivos han acompañado esos escritos y la reacción del Gobierno no se ha hecho esperar, como es lógico, aunque sin unanimidad entre sus componentes, porque una parte habla de bandas criminales que es necesario aniquilar y otra estima que puede ser la expresión de gente con profundo resentimiento político y social, dada la miserable situación que sufre la mayor parte del campo paraguayo.

Los órganos de la prensa de derecha, que simpatizan con la Casa Blanca, han levantado al EPP al pedestal del crimen, con una investigación superficial de su accionar y de la composición social de la zona donde se realizan los actos imputados al grupo, que es la más combativa en las reivindicaciones de los labriegos.

En esos lugares ejerció de Obispo durante varios años Fernando Lugo, quien acompañaba las luchas de los sin tierras, hasta que se levantó la sotana e inició su vida política que, en unos tres años, lo catapultó a la Presidencia de la República, victorioso en las primeras elecciones limpias en dos siglos, pero que en sus dos años de gobierno ha sido incapaz de combatir las causas de la injusticia social.
http://www.argenpress.info/2010/09/paraguay-peligrosas-coincidencias.html

Carta de los 6, al cumplirse cuatro años y cuatro meses de nuestra injusta y arbitraria prisión

Asunción 6 de Septiembre de 2010

Nosotros los seis dirigentes campesinos presos políticos denunciamos desde nuestra prisión, la cárcel de Tacumbú, hoy al cumplirse cuatro años y cuatro meses de nuestra injusta y arbitraria prisión, las violaciones de nuestros derechos.

1-    Responsabilizamos al estado paraguayo de la persecución política de la que somos víctimas, porque estamos soportando esta prisión por haber participado de una reunión de un partido político reconocido por la ley. En abierta violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 19 y 21, y el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

2-    Estamos Presos por ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, por reclamar la justicia social en el Paraguay, por reconocernos como clase y reivindicar la historia de lucha del campesinado.

3-    Solicitamos al estado paraguayo nuestra inmediata libertad ante la violación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su art. 9, inc.3 y la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos art. 8 sobre las garantías judiciales, al haberse superado el plazo razonable estipulado en estos dos tratados internacionales.

4-    Reclamamos al Estado la plena vigencia de la garantía constitucional de la igualdad ante las leyes, art.47 inc. 2, donde nos vemos obligados a mencionar un fallo grotesco de la Corte Suprema de Justicia en fecha 8 de agosto de 2009, que blanquea nada mas y nada menos que al hijo del ex dictador Stroessner, Gustavo Stroessner, echando por tierra la jurisprudencia existente respecto a la prohibición de litigar desde la clandestinidad, librándolo de una causa abierta en nuestro país, sin embargo en nuestro caso la “injusticia Paraguaya” nos declaro en rebeldía estando en prisión en Argentina, esto comprueba la falta de igualdad ante la ley en la practica.

Por último esperamos que todos/as nos acompañen con fuerza a romper estas cadenas de la injusticia que nos impone el Estado Paraguayo.

Nos despedimos con la gratitud de siempre a todos/as, dejándoles un fuerte abrazo de combativos luchadores campesinos.

Atentamente

Simeón Bordón

Agustín Acosta

Basiliano Cardozo

Roque Rodríguez

Arístides Vera

Gustavo Lezcano

Responder a presosparaguayos@gmail.com

Mas información sobre los 6 dirigentes campesinos paraguayos presos políticos:http://libertadaloscampesinos.blogspot.com